La Violencia Contra las Mujeres, una expresión de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres

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Posición de CARE Latinoamérica por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas

  

El 25 de noviembre es una oportunidad para unirnos globalmente, levantar nuestras voces y demandar la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Como parte del inicio de las jornadas de 16 Días de Activismo, esta también es una ocasión para reconocer los avances de los movimientos de mujeres, de los y las activistas, de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto comprendiéndola como una grave violación de derechos humanos y promoviendo su erradicación. 

Este día también nos llama a constatar que las violencias todavía atraviesan la vida de la gran mayoría de mujeres y niñas. Sucede en todos los contextos, incluyendo los lugares que deberían ser los más seguros como la casa o el trabajo. Su prevalencia está en todos los países del mundo, y aunque atraviesa todos los grupos etarios, socioeconómicos o étnicos, de acuerdo con estudios de CARE son las mujeres pobres, las indígenas y las afros, las migrantes y refugiadas quienes sufren una doble y triple condición de vulnerabilidad frente a la violencia.

En nuestra región se han realizado importantes avances en temas de política pública, todos los países latinoamericanos han firmado y ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el instrumento internacional que garantiza el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Sin embargo, todavía hay más países que no han ratificado su Protocolo Facultativo que los que lo han hecho, en total 17 de los 38 países de Latinoamérica y el Caribe. La débil elaboración e implementación de políticas públicas responde a la falta de voluntad política y en consecuencia a la asignación de recursos adecuados y oportunos, de capacidad institucional, de provisión de acompañamiento adecuado.

El impacto de la violencia se refleja en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y las niñas y por consiguiente en la familia, comunidad y sociedad. En espacios como el trabajo, la violencia impide el desarrollo profesional y económico, atentando contra el bienestar físico y psicológico de las mujeres. En el contexto laboral en el que las disparidades de poder son tan fuertes, la violencia y el acoso son una expresión clara de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. En este sentido, procesos como el impulsado por la Organización Internacional del Trabajo son fundamentales para que a través de la Convención 190 los países se comprometan a desarrollar mecanismos legales para prevenir y eliminar la violencia y el abuso en el mundo del trabajo, particularmente contra las mujeres. Este será discutido y aprobado en junio de 2019. 

Un dato contundente es que la tendencia global demuestra que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia sexual o física, una cifra que es incluso más alta si incluimos acoso sexual. La ideología de opresión en la que crecen y viven las mujeres ha lacerado profundamente los principios para la convivencia en condiciones igualitarias entre mujeres y hombres, según estimaciones del BID (2014), todavía dos de cada diez mujeres latinoamericanas consideran justificable la violencia que los hombres ejercen hacia ellas, y debido a la escasez de apoyos legales, psicológicos, sociales y económicos únicamente el 14% de las agresiones llegan a ser denunciados. La violencia, además, es una condición que se transmite y se legitima entre generaciones, los niños que vienen de hogares violentos tienen mayor probabilidad de ser adultos agresores y las niñas a ser violentadas.

América Latina enfrenta grandes retos para prevenir efectivamente las diversas formas de violencia basada en género. Este año ha estado marcado por emergencias humanitarias consecuencia de crisis políticas y económicas, inseguridad y pobreza extrema, y de las que se han derivado migraciones masivas de magnitud y condiciones históricas para los países centro y sudamericanos. Es también en estos contextos en donde mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos, como lo son las redes de tráfico de personas, que reclutan sobre todo a mujeres y menores de edad; según estimaciones de la ONU (2016), el 71% de personas traficadas son mujeres y de esas tres de cada cuatro son traficadas para ser explotadas sexualmente.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL, el año pasado 23 países de América Latina reportaron que 2.795 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres; en la mayoría de los casos, dos de cada tres, el asesino fue pareja o expareja íntima de la víctima. Hace sólo pocos años el femicidio dejó de ser llamado crimen pasional en medios de comunicación, procesos judiciales y otros.

En CARE, entendemos que la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema estructural que responde a las relaciones desiguales de poder. En consecuencia, sumar fuerzas con los gobiernos, socios y aliados para trabajar por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es una de las claves para contribuir efectivamente a que se generen cambios amplios y sostenibles y poder vivir libres de violencia para las mujeres y las niñas.

En un contexto global complejo, en el que los fundamentalismos han tomado espacios importantes en la opinión pública, es crucial que los derechos humanos y especialmente los derechos humanos de las mujeres y las niñas se mantengan vigentes y puedan ser exigibles. CARE se solidariza y hace suya la causa de las mujeres en el continente. La violencia de género es la peor amenaza para la vida plena. Este es un año más en el que caminamos junto a los movimientos de mujeres, a la sociedad civil, a las activistas y a los hombres y familias que rechazan que la violencia contra las mujeres sea una realidad.

 

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